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Delito de falsedad en documento público

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¿Qué es el delito de falsedad documental?

El delito de falsedad documental consiste en la modificación, alteración o falsificación de todo o parte de los elementos esenciales de un documento simulando que es auténtico.

Se considera falsedad documental tanto la creación de un documento nuevo a partir del falso como la adulteración de uno de los elementos del documento.

¿Qué tipos de falsedad documental contempla el Código Penal?

El Código Penal distingue cuatro tipos de falsedad documental en función del documento sobre el que se realiza:

1) Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación

2) Falsificación de documentos privados

3) Falsificación de certificados

4) Falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje

En este artículo, vamos a tratar el delito de falsedad documental relativo solo a la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles.

Diferencia entre los tipos de documentos públicos

Documentos públicos: Son los autorizados por un notario o un empleado público competente, con las solemnidades previstas en la ley, definidos en el artículo 1216 del Código Civil.

Documentos oficiales: Son una clase de documentos públicos, en concreto, los expedidos por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Documentos mercantiles: Son documentos privados formados con arreglo al Código de Comercio que, dada su especial relevancia para el tráfico jurídico, se han asimilado en su tratamiento penal a los públicos. Se incluyen en esta categoría, entre otros: cheques, pagarés, letras de cambio, pólizas de seguro, libros contables de una sociedad.

Falsificación cometida por autoridad o funcionario público

El artículo 390 del Código Penal castiga con penas de prisión de 3 a 6 años, con multa de 6 a 24 meses y con la inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

Falsedad documental por imprudencia grave

El artículo 391 del Código Penal castiga las conductas del artículo 390 del Código Penal cometidas por autoridad o funcionario público también cuando se cometan por imprudencia grave.

Las conductas por imprudencia grave están castigadas con la pena de multa de 6 a 12 meses y con la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año.

Falsificación cometida por particulares (art. 392 CP)

Se castiga con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses, al particular que falsifique un documento público, oficial o mercantil realizando alguna de las falsedades descritas en los números 1 a 3 del apartado 1 del artículo 390 del Código Penal.

El artículo impone las mismas penas al que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso.

Falsedad de uso de documentos públicos

El artículo 393 del Código Penal castiga el uso del documento falsificado por persona distinta al falsificador. Se distinguen dos conductas típicas derivadas del uso del documento falsificado y que son las siguientes:

1) Presentar a juicio un documento falso: La conducta típica consiste en presentar en un procedimiento judicial un documento falso con conociendo de la falsedad del documento.

2) Hacer uso de un documento falso para perjudicar a un tercero.

Ambas conductas delictivas se castigan con la pena inferior en grado a la señalada para los autores de la falsificación del documento.

Falsedad de despachos telegráficos

El delito contemplado en el artículo 394 del Código Penal castiga con pena de prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios.

Se castiga con la pena inferior en grado a los que hagan uso del despacho falso en perjuicio de un tercero y siempre que lo hagan a sabiendas de la falsedad del documento.

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