Derecho Penal. Ruíz León Abogados en Madrid

La prisión provisional en España

Prisión provisional

La prisión provisional es una medida de aplicación excepcional que sólo puede decretar un juez o un magistrado, bien el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias o el juez de lo penal o tribunal que conozca de la causa.

Está regulada en los artículos 502 a 519 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y como medida excepcional que es, sólo se puede y se debe adoptar en casos en los que sea absolutamente necesaria y por motivos que están tasados en la Ley.

 Cuando una persona comparece ante el Juez investigada por un delito se puede adoptar su ingreso provisional en prisión siempre que lo solicite alguna parte acusadora, bien el Ministerio Fiscal o la acusación particular o popular y siempre que concurran los siguientes requisitos:

  1) Que en la causa conste algún hecho o varios que, siendo constitutivos de delito, tengan señalada una pena de prisión cuyo máximo sea igual o superior a dos años. También puede decretarse cuando aún siendo inferior a los dos años la pena máxima señalada para alguno o algunos de esos delitos, el investigado tenga antecedentes penales computables derivados de un delito doloso.

 2) Que aparezcan en la causa motivos bastantes para considerar criminalmente responsable a la persona contra la que se quiere adoptar dicha medida.

 3) Pero además de ello, la medida de prisión provisional sólo puede acordarse para conseguir alguno de los siguientes fines:

  • Asegurar la presencia del investigado en la causa, cuando pueda inferirse un riesgo de fuga.

  • Que exista peligro de destrucción, alteración o modificación de pruebas.

  • Evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima.

  • Que exista riesgo de reiteración delictiva.

Como ya hemos indicado, al ser una medida excepcional no solo tiene que aplicarse cuando se cumplen los requisitos fijados legalmente y, por tanto, cuando es objetivamente necesaria, sino que únicamente puede acordarse cuando, además de ello, no existan otras medidas de menor entidad que puedan adoptarse para conseguir la misma finalidad.

 Por ello, esta medida cautelar solamente puede imponerse cuando concurriendo los requisitos indicados en el punto uno y dos, se den también alguno de los fines del punto tres, siempre debe ser aplicada de forma restrictiva y por supuesto de forma motivada, debiendo, por tanto, justificarse la concurrencia de los requisitos exigidos para ello.

En definitiva, la medida de prisión provisional no se impone a cualquier persona que está siendo investigada por un delito, tampoco a toda persona a la que se investiga por un delito que tenga señalado pena superior a dos años, ni tan siquiera tiene que adoptarse siempre que contra una persona pesen indicios suficientes de haber cometido el delito, sino que solo puede adoptarse cuando además de ello, existan motivos fundados para considerar que esa persona puede extraerse a la acción de la justicia, puede destruir pruebas, actuar contra algún bien jurídico de la víctima o cometer reiteración delictiva y que, además, no se pueda conseguir alguno de estos fines con otra medida igualmente eficaz.

Asimismo, es evidente que, dada la excepcionalidad de la medida y su provisionalidad, la misma debe durar el tiempo indispensable para conseguir el fin o los fines para los que fue acordado y siempre que los motivos por los que fue adoptada subsistan.

No podemos olvidar que acordar esta medida, supone el ingreso en prisión de una persona, que aún siendo de forma preventiva, no ha sido ni juzgada, ni condenada. Supone, por tanto, limitar uno de los derechos fundamentales de la persona como es su libertad sin que haya sido condenado y peor aún, pudiendo incluso acabar absuelta la persona frente a la que decretó inicialmente la prisión provisional.

 

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